José Carlos Lumbreras – Gerente de I+D de Peru Top Publications
Esta semana se llevó a cabo el evento anual del CADE Ejecutivo, que dejó en evidencia un mayor resquebrajamiento entre el gobierno y el sector empresarial. La ausencia de Dina Boluarte en la clausura del evento fue interpretada como un desplante, mientras que una encuesta reveló una desaprobación del 93% del empresariado hacia la gestión de la presidenta.
En paralelo, el Congreso reafirmó su respaldo a la minería informal e ilegal al censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. La razón: su negativa a extender por un año más el Reinfo, un registro que ha sido ampliamente cuestionado y beneficia la labora de mineros informales e incluso ilegales. Este hecho lamentable afecta directamente al desarrollo de proyectos como Tía María en Arequipa, liderado por Southern Peru, que contaba con el sólido apoyo del ahora exministro. Todo apunta a que, al menos en el corto plazo, serán los mineros informales quienes marquen la pauta en el sector. Así, el país retrocede dos pasos en la promoción de nuevos proyectos mineros, en un sector que apenas había avanzado medio paso en los últimos tres años.
El viernes, para sorpresa de nadie, el Congreso decidió en comisión extender el Reinfo por seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por seis meses más. Es evidente que esta medida será aprobada en el pleno, consolidando así el poder de la minería informal sobre el sector.
Por otro lado, esta semana también se discutió el presupuesto público para 2025. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales criticó el proyecto, calificándolo de centralista e inequitativo, además de señalar la eliminación del tope CIPRL, que regula los montos máximos que pueden comprometer los gobiernos regionales, locales y universidades públicas para Obras por Impuestos. El presupuesto total asciende a S/251,801 millones, un 4.56% más que el año anterior, con una distribución del 63.5% para el gobierno central, 21.6% para los gobiernos regionales y 14.9% para los locales.
En medio de este panorama, hubo una noticia positiva: el primer envío de contenedores con productos agropecuarios peruanos hacia China desde el Puerto de Chancay. Este despacho forma parte de un periodo de marcha blanca, a la espera de que el puerto entre en operaciones al 100% durante el primer trimestre de 2025. Sin embargo, surge una incógnita importante: ¿implementará el recién electo presidente estadounidense, Donald Trump, los aranceles del 60% sugeridos por sus asesores para productos provenientes de Chancay? Dichos aranceles reflejarían un trato similar al que se espera para otros puertos con capital chino, como Shanghái.
En el plano empresarial, el CADE sirvió además como escenario para anunciar diversas inversiones. Aunque las mejoras más prometedoras para 2025 ya se conocían y parecen centrarse en infraestructuras clave: la renovación del aeropuerto Jorge Chávez, que impactará positivamente en el turismo y los negocios; los proyectos mineros Reposición Antamina, Zafranal, Romina y Pampa de Pongo; los proyectos de irrigación Chavimochic III y Alto Piura; y los 65 proyectos priorizados por Proinversión, que suman US$15,811 millones en áreas como vialidad, saneamiento, irrigación, minería, salud, telecomunicaciones, educación, urbanismo, aeropuertos y turismo.
Según Julio Velarde, el Perú tiene el potencial de crecer a un ritmo anual del 5%, siempre que se implementen reformas clave, especialmente en los ámbitos político, tributario, fiscal y laboral. Sin embargo, el Congreso parece más enfocado en sus propios intereses partidarios y electorales que en promover las reformas necesarias. El potencial está ahí, pero hace falta voluntad “política” para aprovecharlo.
Autor: José Lumbreras
