El día de ayer ADI Perú, ASEI y Capeco emitieron un pronunciamiento en conjunto. Los gremios objetaban la promulgación de un proyecto de ley que amplia la vigencia de la Ley 28687. De aprobarse, la ley extendería el plazo para la formalización de terrenos ocupados ilegalmente hasta el 31 de Diciembre del 2015.
En el comunicado, los gremios manifiestan que el proyecto de ley significa “continuar con la promoción de la precariedad de la vivienda”, que estimula la especulación en los precios de la tierra, y se distorsiona el mercado de nuevo suelo. Además, señalan que los únicos que resultan beneficiados con la norma son los traficantes de terrenos. Por último, exhortan al Poder Ejecutivo a observar el proyecto de ley y “se concentre en promover políticas y programas que permitan a las familias peruanas con viviendas y ciudades dignas, con servicios y seguras”.
En conversación con Ciudad+ Jorge Zapata, Presidente de CAPECO, manifestó que iniciativas como las del congreso solo incentivan el tráfico de terrenos. Según el gerente: “En este tipo de normas estimulan a que continué la venta informal del terreno; que son las invasiones. Los traficantes pueden ahora decir: “tú invade, no te preocupes, que el plazo al final se va a extender.”. Todo esto afecta al sector formal y desordena la ciudad.”
Además del tema de fondo, Zapata también criticó que los legisladores hayan creado distintas normas en las que se aborda el tema. “Convendría que los congresistas, que son de distintas bancadas, se organicen para ordenar la legislación en un único proyecto”.
Más allá de la Ley 28687
Ciudad+ consultó además con Antonio Navarro, urbanista español radicado en Perú, quien también manifestó su rechazo a la iniciativa del parlamento.
“Esta es la cuarta vez que el congreso extiende esta moratoria en los casi diez años que vivo en Perú” nos comentó el especialista. “Claramente es una ley populista, por lo que naturalmente el congreso está a favor.”
Navarro nos explicó que esta extensión de la moratoria es solo la punta del iceberg de un problema mayor en Perú, relacionado a problemas con la inscripción de terrenos en registros públicos. En otros países esta inscripción se realiza desde antes de la parcelación, lo que permite agilizar trámites y en general agilizar el ritmo de ventas inmobiliario. Sin embargo, esto no sucede en Perú, y en vez del título final, solo existen contratos privados entre el cliente final y los desarrolladores inmobiliarios. Para el especialista, esta falla legal, significa una “barrera para la inversión extranjera en el sector inmobiliario”. Por ello, más allá de una respuesta a la última iniciativa del congreso, Navarro espera que exista interés, tanto del sector público como del privado, en generar una reforma substancial.
