La pandemia producto del Coronavirus ha causado estragos en la economía peruana. Para fomentar la inversión pública y generar empleo, el Poder Ejecutivo anunció un plan, denominado Arranca Perú.
El plan fue anunciado en Junio del 2020. La inversión inicial consistía en 6,436 millones de soles, segmentados en 4 sectores:
- Transporte y comunicaciones: mantenimiento y ampliación de infraestructura vial por todo el territorio nacional.
- Vivienda: creación de 20,000 viviendas en todo el país.
- Agricultura: creación de canales de riego y mantenimiento de drenes.
- Trabajo: financiamiento para generar empleos formales temporales.
Reciéntemente, el Ejecutivo ha ampliado el monto a invertirse. Incluso ha llegado a plantear un plan Arranca Perú 2021.
Ciudad+ conversó con Alvaro Espinoza, investigador de GRADE, para consultarle sus observaciones sobre el proyecto.
“Tiene sentido fomentar la inversión pública en contexto de recesión”, nos comentó, antes de precisar que los efectos del programa no serían visibles en el futuro inmediato. “Pero en el Perú siempre ha existido dinero. El problema es que no se puede ejecutar rápido. Hay un tema de fondo que es la capacidad de ejecución de presupuesto, que siempre ha sido deficiente.” En ese sentido, el especialista recomienda trabajar en exoneraciones, para asegurar que el presupuesto pueda ejecutarse a la brevedad.
Buenas intenciones, efectos adversos.
Sin embargo, para Espinoza existe un problema de fondo. Reciéntemente, GRADE publicó una investigación auspiciada por ADI Perú. Pueden encontrarlo aquí.
En el estudio se concluye que las acciones del estado por proveer de servicios en la periferia de las ciudades termina incentivando el mercado informal de terrenos.
Debido a que el Estado termina brindando servicios a aquellas zonas, de manera gratuita, traficantes especulan y fomentan la invasión de terreno, confiando en que a futuro el lote llegará a ser subsanado por el Estado. De este modo, se termina inflando el precio de los terrenos y se complica así su adquisición por desarrolladoras formales, volviendo inviables proyectos de vivienda social. Para el especialista, esto es uno de los factores que explica el por qué hay poca vivienda social en el Perú.
Un extracto de las conclusiones fue publicado en El Comercio. Allí, los investigadores sentencian:
“En otras palabras, la inversión púbica crea incentivos para que tanto la demanda como la oferta de lotes informales se expandan, lo que favorece la proliferación de urbanizaciones informales. A su vez, mientras más urbanizaciones informales existan, más aumenta la presión para que el Estado provea servicios e infraestructura, lo que retroalimenta el sistema. En suma, el esfuerzo del Estado por cerrar brechas resulta siendo el principal motor de la expansión urbana informal en el país” (énfasis nuestro)
Posibles Soluciones
Para Espinoza, el problema es sumamente complejo. “No existe una única bala de plata: es necesario un paquete de políticas e iniciativas para solucionar las fallas existentes.” Actualmente, desde GRADE se encuentran trabajando en un estudio, financiado por gremios inmobiliarios, para tratar poder entender bien todas las dimensiones del problema. Sin ello, será complicado poder encontrar una salida adecuada a este círculo vicioso.
